Fuente El Mundo

 EL MAPA DE LA ESPECULACIÓN Y CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN ESPAÑA Andalucía ELMUNDO.ES MÁLAGA MarbellaEpicentro de la corrupción urbanística en España, 

la 'operación Malaya' (marzo 2006) puso contra las cuerdas a todo el Consistorio marbellí, implicado junto a empresarios y abogados en una compleja trama delictiva acusada de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias… Los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe y el ex concejal de Urbanismo, Juan Antonio Roca ('cerebro' de la red), son los principales imputados. Además, la Junta ha anunciado que exigirá la demolición de 5.000 viviendas construidas en terreno público, sobre las que pesa una sentencia firme del TSJA. Manilva

La 'operación Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol sacó a la luz las irregularidades en los convenios urbanísticos firmados entre el Ayuntamiento de esta localidad y la sociedad Royal Marbella Estates S.L.,propiedad de los imputados en la operación. El alcalde, Pedro Tirado (independiente procedente del GIL), dimitió tras ser encarcelado. Además, la concejala Antonia Muñoz (IU) está denunciada por la concesión de una licencia que no se adaptaba a la normativa vigente. También están denunciados los 10 concejales que en 2004 votaron a favor de la ejecución del parque ferial del municipio. ToloxEl alcalde, Juan Vera (Partido Andalucista), el arquitecto municipal y la secretaria del Ayuntamiento fueron denunciados por la Fiscalía de Medio Ambiente en junio de 2006 por la construcción de más de 2.000 viviendas en terreno no urbanizable. También se investiga la autorización de nueve promociones presuntamente ilegales. EsteponaEl regidor, Antonio Barrientos (PSOE), ha sido muy criticado por el convenio urbanístico para incrementar la edificabilidad del campo Atalaya Golf y construir 135 viviendas. Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la 'operación Malaya', está relacionado con este proyecto, que de momento ha sido paralizado. Además, el grupo Convocatoria (escisión de IU) denuncia el plan de urbanismo para levantar 80.000 viviendas en diez años. Estepona cuenta aún en la actualidad con expedientes de la era Gil en el Tribunal de Cuentas por irregularidades contables. BenalmádenaAl alcalde, Enrique Bolín (independiente, expulsado del PP en 1989 tras ser detenido en posesión de droga) se le acusa de reiteradas concesiones de licencias ilegales. La autorización en 2004 para levantar un edificio en una zona destinada a viviendas unifamiliares y un convenio urbanístico que permitía a Rafael Gómez Sánchez (en libertad bajo fianza tras ser detenido en 

la segunda fase de la 'operación Malaya') duplicar la edificabilidad en un complejo residencial, son algunos de los casos más 'sonados'. Ya a finales de los 90 el PP denunció públicamente que el primer edil contrataba sistemáticamente servicios y adquiría bienes a empresarios afines. GaucínLa Fiscalía investiga al primer edil, Francisco Corbacho Román (PA), y cuatro concejales por la realización y desarrollo de un convenio entre junio de 2004 y febrero de 2005 que es contrario a la norma urbanística. CómpetaEl alcalde, Leovigildo López (PP), está a la espera de un juicio en el que se enfrenta a la pena de un año de cárcel y 10 de inhabilitación por conceder una licencia de obras en suelo no urbanizable. Alhaurín el GrandeEl alcalde Juan Martín Serón y el concejal de Urbanismo Cristobal Guerra (ambos del PP) fueron detenidos por un presunto delito de cohecho. El edil Juan Martín Serón fue dejado en libertad, sin fianza y sin cargos. Aún así prosiguen las investigaciones e Izquierda Unida pide su dimisión. SEVILLA CamasEl alcalde, Agustín Pavón (IU), los concejales Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo (PA) y el empresario Eugenio Gaviño son investigados por intentar presuntamente comprar el voto de una concejala para conseguir la recalificación de unos terrenos. BurguillosEl primer edil, José Juan López (PSOE), su primo y dos conejales son investigados también por la compra de terrenos antes de su recalificación. EspartinasUn colectivo de vecinos denuncia el plan para la recalificación de 20 hectáreas de terreno rústico que pertenecen a una empresa cuyo administrador único es el concejal de Urbanismo. BormujosEl empresario Eusebio Gaviño, primo del alcalde (Baldomero Gaviño, independiente) e implicado en el 'caso Camas', ha sido investigado por intentar presuntamente comprar, en representación de un grupo inmobiliario de Madrid, el voto de algunos concejales a favor de la moción de censura contra el anterior edil socialista y que dio la Alcaldía a su primo. 

El caso fue sobreseído en noviembre de 2006. La AlgabaEl alcalde, José Luis Vega (IU), ha sido denunciado por permitir a una promotora construir más superficie y más viviendas de las permitidas en la zona de Marina de la Algaba, que ha terminado invadiendo zona de costa junto al río Guadalquivir. GuillenaJusto Padilla, alcalde del PSOE, está imputado por la construcción de 21 naves en un espacio reservado a zona verde junto al polígono El Cerro. ALMERÍA ZurgenaTodos los concejales de este municipio (PA, PP y PSOE) son investigados por la concesión de licencias a extranjeros para la construcción de 1.300 chalés en terrenos rústicos. CarbonerasEl primer edil, Cristóbal Fernández (PSOE), inhabilitado por el TS para un periodo de seis meses por un delito electoral (coacción de voto), está demás imputado por seis supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias en la venta de un terreno cercano al hotel 'El Algarrobico', en el Parque Natural del Cabo de Gata. Además, las obras de construcción de este hotel, sobre suelo no urbanizable, fueron paralizadas en febrero de 2006 y en mayo se anunció su derribo. Una vez finalizado el periodo de inhabilitación, Cristobal Fernández dimitió, junto a su hermana, al ser condenado. GarruchaEl Ayuntamiento que rige Andrés Segura (PSOE) firmó un convenio con Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández para legalizar 28 viviendas ilegales a cambio de 2,6 millones de euros. El PP denuncia que la promotora pagó más dinero que el recogido en el convenio. NíjarEl alcalde, Joaquín García (PSOE), ha permitido construir cuatro veces más de lo permitido en el Parque Natural de Gata. Ecologistas en Acción le ha denunciado por regalar al ex concejal José Cayuela Carrique, actualmente constructor, un solar en Agua Amarga para la construcción de una urbanización privada. Roquetas de MarLa 

'guerra de los centros comerciales' enfrenta al Ayuntamiento que rige Gabriel Amat (PP) con el Gobierno autonómico (PSOE). La Junta ha perseguido el cierre del único centro comercial en este municipio (Gran Plaza) para favorecer a otro (Hipercopo) en El Ejido, que cuenta entre sus accionistas con el delegado del Gobierno de la Junta en Almería, Juan Callejón. En 2002 se declaró nula la licencia de apertura y el TSJ de Andalucía ratificó la nulidad el 9 de octubre de 2006. Los roqueteños denuncian que la Junta está perjudicando los intereses comerciales de este municipio en favor de El Ejido. Los alcaldes de Albox, Oria, Cantoria, Garrucha y Partaloa están imputados por diversas irregularidades urbanísticas, como conceder licencias en suelos no urbanizables. Acumulan más de 200 irregularidades. HUELVA MazagónEcologistas en Acción ha denunciado ante Medio Ambiente que las obras de urbanización entre El Vigía y la carretera Huelva-Mazagón, a la altura del Paraje Natural Laguna de Las Madres, están dañando una zona de gran valor ecológico de flora y fauna. El colectivo denunció en septiembre de 2006 que las obras habían comenzado sin ningún cartel que identifique ni a los promotores ni el proyecto. GRANADA AlmuñécarEl alcalde, Juan Carlos Benavides, de Convergencia Andaluza (condenado por malversación de fondos públicos en el caso 'Tropical Fruits' e investigado también por irregularidades en unas facturas del Ayuntamiento en su campaña electoral), está acusado de un presunto delito de alzamiento de bienes. Además, el PP se ha querellado contra él por prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas en relación con unas obras de asfaltado. No deja de ser curioso que el alcalde quiera someter el PGOU a referéndum, solicitud que se le ha denegado. OgíjaresEl concejal de Urbanismo y diputado nacional José Luis del Ojo (PP) dimitió de su cargo en el Consistorio en octubre de 2006 por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras. El ex edil es acusado por el PSOE de fraccionar obras de pavimentación y canalización para, al hacerlas menores, evitar sacarlas a concurso público y apalabrarlas personalmente. ArmillaEl concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió de su cargo en octubre de 2006 ante las acusaciones del presunto origen fraudulento de su patrimonio, varios pisos y un solar valorados en un millón de euros, que él ha justificado asegurando que le tocó la lotería en la Navidad de 1997. Se investigan además presuntas irregularidades en la licencia —impugnada por la Junta— que concedió el Ayuntamiento al empresario Tomás Olivo (implicado en la 'operación Malaya') para la construcción del centro comercial Nevada. El alcalde, José Antonio Morales Cara (PSOE), que no optará a la reelección en 2007, 

ha sido denunciado junto a un ex concejal y al promotor Olivo por un delito de prevaricación. CÁDIZ Grazalema'Operación Pinsapar': El ex arquitecto municipal, Juan Prieto (PSOE), está en libertad con cargos por presunto delito contra la ordenación del territorio, falsedad y cohecho. Varios constructores le han acusado de cobrar comisiones y se le relaciona también con una construcción ilegal que obligó a desviar el cauce del Guadalete. Puerto de Santa MaríaEl ex alcalde Hernán Díaz Cortés (independiente, e inhabilitado por prevaricación), el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez Álvarez, y el actual candidato del PSOE, Ignacio García de Quirós, entre otros, han sido denunciados por Ecologistas en Acción por fomentar la especulación urbanística en contra del interés público. También hay presuntas irregularidades urbanísticas en la construcción del campo de golf. RotaEl concejal de Urbanismo, Antonio Peña (PP), ha sido acusado de prevaricación en los trámites del expediente de una urbanización privada. La Línea de la ConcepciónEl alcalde, Juan Carlos Juárez (PP), se enfrenta a distintos contenciosos, uno de ellos por la venta de suelo municipal en el Camino de Sobrevela sin que respetaran las 48 horas de antelación en la convocatoria. La denuncia partió del PSOE, informa la Agencia Efe. San RoqueEl Albarracín también está experimentando un urbanismo desmedido, según asociaciones de vecinos y ecologistas. La Guardia Civil investiga presuntos delitos medioambientales. TarifaSe investigan presuntas irregularidades del alcalde de este municipio, Miguel Manella (PSOE), en el proceso de adjudicación y construcción de un complejo comercial en el Castillo de Santa Catalina. Jimena de la FronteraEl primer edil, Ildefonso Gómez (PSOE), ha sido denunciado por el PP por la construcción de la finca La Bordalla en pleno Parque Natural de los Alcornocales. Se da la circunstancia de que el patronato que gestiona el Parque está presidido por el también socialista Agustín Cadenas. En dos años, el Consistorio ha suscrito 24 convenios urbanísticos para edificar más de 2,6 millones de metros cuadrados. Zahara de la SierraEl ex alcalde Juan maría Nieto (PSOE) está acusado por la concesión de licencias urbanísticas para construir en zonas protegidas. Sanlúcar de Barrameda y ChipionaLos ex alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona (Agustín Cuevas y Luis Mario Aparcero) han sido condenados e inhabilitados por intentar sobornar en 1999 a un edil del PP (Manuel Ramírez) con 50 millones de pesetas para que no prosperara la moción de censura contra el entonces alcalde, Cuevas. Un ex dirigente del PSOE local y tres empresarios estaban también implicados en el denominado 'caso Sanlúcar'. ChiclanaEcologistas asseguran que hay 8.000 viviendas ielgales. IU denuncia la falta de transparencia y oscurantismo del PSOE en esta localidad, al no informar de las seis sentencias que existen para la anulación del plan de urbanismo, que prevé construir 40.000 nuevas viviendas. BornosJuan Sevillano (PSOE) dimitió de su cargo de alcalde en 2002 tras ser condenado a seis años de inhabilitación por prevaricación. Sevillano concedió licencias de obras en suelo no edificable a personas a las que él mismo había vendido terrenos. JerezSe investigan los presuntos pagos en dinero negro (entre 12.000 y 50.000 euros) que una promotora exigía en el proceso de venta de viviendas de protección oficial por unas terrazas que en las escrituras figuran como zonas comunes y de uso colectivo. Los afectados también han denunciado que ofreciendo dinero había mayores facilidades en el proceso de adjudicación. CÓRDOBA CórdobaEl promotor Rafael Gómez, imputado en la 'operación Malaya', está obligado a replantar un encinar destruido por la construcción de dos urbanizaciones en Carrera del Caballo. Medina Azahara500 familias viven en casas levantadas desde 1994 sin licencia en las parcelas de Las Pitas, Córdoba La vieja y La Gorgoja II. Las tres parcelas están incluidas desde 2003 dentro de una zona BIC (Bien de Interés Cultural) donde hoy en día se sigue construyendo, según una denuncia de la Policía presentada ante la Fiscalía de Córdoba. Fuente Palmera (Córdoba)El ex alcalde Antonio Guisado (PSOE) está imputado por un presunto delito urbanístico en relación con la venta de más de 21.000 metros cuadrados de suelo verde para construir viviendas. La ex concejala de Urbanismo Maribel Ostos y el ex secretario municipal Carmelo Tubío también están imputados. JAÉN Baños de la Encina 35 personas están imputadas en un presunto delito contra la ordenación del territorio, por la constucción de naves y chalés sin las licencias pertinentes. TorredelcampoLa Fiscalía acusa a 12 personas, entre ellas al alcalde, Blas Sabalete (PSOE), por la construcción de chalés en una cañada real, dentro de la zona de El Megatín. El fiscal pide dos años de inhabilitación para el regidor. Aragón ELMUNDO.ES La Muela (Zaragoza) El Gobierno de Aragón (PSOE) ha presentado un recurso contra la recalificación de terreno en el municipio que rige José Antonio Fabón (PAR) para levantar más de 2.000 nuevas viviendas en la urbanización Ciudad Zaragoza Golf. EL MAPA DE LA ESPECULACIÓN Asturias ELMUNDO.ES Llanes La alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo (PSOE), la concejala de Urbanismo, Ester Bustillo, dos arquitectos municipales y una promotora fueron imputados en un presunto delito de prevaricación y contra el patrimonio, en relación con el derribo del Rompeolas, un edificio protegido. Finalmente, el Juzgado Nº 1 de Llanes archivo la causa al considerar que no existían indicios suficientes para continuar con la investigación. La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) denuncia desde hace años la recalificación de grandes bolsas de suelo en el litoral asturiano y rechaza el modelo de urbanismo que plantea el plan general del concejo. Navia El concejal Juan Pablo Unibaso (PSOE) presentó su dimisión tras saberse que hizo de intermediario en una operación de venta de terrenos en la localidad de Puerto de Vega, por lo que percibiría, junto a otra compañera de partido (María Sonia Pérez, que dimitió hace un par de meses) alrededor de 72.000 euros. EL MAPA DE LA ESPECULACIÓN Baleares ELMUNDO.ES Mallorca María Antonia Munar, presidenta de Unió Mallorquina y principal colaboradora del presidente Jaume Matas, autorizó la venta de 'Can Domenge', una finca pública del Consell insular de Mallorca donde se levantarán 600 viviendas, por 30 millones de euros, aunque una de las empresas concursantes había ofrecido el doble. Andratx (Mallorca) La construcción de 20 edificios en Monport, un Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP), de dos mansiones en Cala Moragues, una de las zonas más exclusivas de la isla, y de un aparcamiento en el núcleo urbano de San Telmo han puesto en el punto de mira al alcalde, Eugenio Hidalgo (PP), detenido el 27 de noviembre de 2006, junto con el director general de Ordenación del Territorio del Govern balear, Jaume Massot —que fue concejal de Andratx— por presuntos delitos de prevaricación, blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio. El celador de obras del Consistorio, Jaume Gibert, también podría estar implicado en la trama de cobro de comisiones en la concesión de licencias irregulares. Calviá (Mallorca) La ex alcaldesa, Margarita Nájera Arranzábal (PSOE), se enfrenta a siete procesos penales por la concesión de licencias urbanística en los casos 'Estrategia Local', 'Chalé de Santa Ponsa', 'Western Park', 'SYP', 'Solares de Santa Ponsa y Grupo HPT Instal' y 'Paseo de Calviá'. Además, el PP la denunció en 2004 por malversación. Santa Margalida (Mallorca) La Fiscalía estudia el presunto cobro de unas comisiones de 6.000 euros por parte del alcalde y algunos miembros de su equipo para la recalificación de terrenos. Campos (Mallorca) Se investigan las licencias concedidas por el Ayuntamiento para levantar 67 apartamentos en Ses Covetes, en una zona protegida frente a la playa de Es Trenc. El tema fue denunciado por el Grupo Balear de Ornitología en 1994. Ses Salines (Mallorca) Se investiga el intento de legalizar una vivienda privada a partir de una declaración de interés general para un supuesto centro social de la Asociación de Caballistas local. La causa, en la que está imputado el ex alcalde Sebastiá Vidal (PP) —que dimitió—, está pendiente de juicio. Ciutadella (Menorca) Dos concejales (PP y PM) están imputados por presuntas irregularidades en una permuta de terrenos. Sant Antoni de Portmany (Ibiza) 'Caso Cretu'. En 1999, un grupo ecologista denunció al entonces alcalde, Antoni Marí Tur (PP), por la concesión de una licencia municipal para que el productor musical Michel Cretu pudiera construir su mansión en la cima de una colina en Santa Inés. La licencia fue declarada ilegal y el TSJ de Baleares (TSJIB) confirmó en noviembre de 2005 que la casa debía ser derribada. El Ayuntamiento presentó un recurso. Sant Josep (Ibiza) El alcalde, José Serra (PP), está denunciado por el Grupo de Estudios de la Naturaleza por prevaricación por la concesión de una licencia de obras en un terreno no urbanizable. Santa Eulària (Ibiza) El primer edil, Vicente Guasch (PP), está denunciado por IU —el caso está pendiente de juicio— por autorizar la construcción de la urbanización de Ses Torres de Talamanca en suelo rústico. EL MAPA DE LA ESPECULACIÓN Canarias ELMUNDO.ES Telde (Gran Canaria) El 'caso Faycán' implica a la concejala de Obras Públicas, María Antonia Torres (PP), al interventor, Enrique Oorts, al ex asesor de Obras Públicas Francisco Gordillo y a otros políticos, empresarios y funcionarios (en total, 18 imputados) en el presunto cobro de comisiones del 20% en la adjudicación de obras. El alcalde, Franciso Valido (PP), y cuatro concejales también han sido detenidos. Mogán (Gran Canaria) La 'operación Góndola' implica a políticos y funcionarios en presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación con una operación urbanística en el municipio. En una primera fase fueron detenidos el alcalde de Mogán, Francisco González, y la primera teniente de alcalde, Onalia Bueno (PP), que fueron puestos en libertad con cargos y sin fianza. Dos semanas después fueron detenidos el portavoz del PP en Mogán, Silverio Hernández Hernández, los empresarios Santiago Santana Cazorla y Álvaro Juan Canales Medina y el propietario de Radio Arguineguín, Juan Medina Ascanio, que quedaron en libertad con cargos tras declarar ante el juez. También se está investigando al presidente canario, Adán Martín (CC), al consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Domingo Berriel, y al director general del gabinete del presidente, Salvador Iglesias. Santa Cruz de Tenerife El alcalde, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), está implicado en un presunto cobro de comisiones en operaciones urbanísticas ligadas a la estafa de Fórum Filatélico. Las operaciones a investigar estarían relacionadas con la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz y con el desarrollo de dos parcelas en Valle de Tahodio. La autoridad portuaria, Luis Suárez Trenor, la asesora urbanística Herminia Gil y otra decena de personas, podrían estar también implicados en la trama. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación y malversación de caudales públicos contra 11 personas, entre los que se encuentran los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, el alcalde Miguel Zerolo y los portavoces del PSOE y PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Son investigados por un presunto 'pelotazo' de más de cien millones de euros. Compraron terrenos en la playa de Las Teresitas y firmaron después un convenio del Ayuntamiento para la recuperación del frente de playa a cambio de la recalificación de suelo en el Valle de Las Huertas. Fuerteventura El presidente del PP en la isla, Domingo González Arroyo (PP), es investigado por presuntas irregularidades en la concesión de licencias urbanísticas. El consejero de Medio Ambiente, Lázaro Cabrera, también está bajo sospecha por prevaricación. González está relacionado con un presunto intento de soborno. Firgas El alcalde de la localidad de Firgas, José Ramón Henríquez Hernández, y otras seis personas más han sido imputados por un delito de prevaricación urbanística y otro de daños contra el patrimonio histórico. EL MAPA DE LA ESPECULACIÓN Cantabria ELMUNDO.ES => DATOS ACTUALIZADOS POR AMA 144 viviendas de la urbanización El Encinar, En Arnuero, deberán ser derribadas antes de 2008, según una sentencia del TSJ de Cantabria que data de 1994, por estar construidas sobre suelo no urbano. El entonces alcalde, José Luis Rey Villa (Unión para el Progreso de Cantabria), fue condenado a 14 años de inhabilitación para el cargo por conceder licencias a promotoras de las que él era accionista y por coaccionar a los propietarios de terrenos en los que quería construir. Hay sentencias de derribo que afectan a otras 850 viviendas en una docena de urbanizaciones distintas (en Argoños, Escalante, Miengo y Piélagos). Los vecinos afectados llevan años luchando para paralizar los derribos y exigen responsabilidades políticas. Algunos de los propietarios serán compensados por daños morales. 

 EL MAPA DE LA ESPECULACIÓN Castilla-La Mancha ELMUNDO.ES Seseña (Toledo) El constructor Francisco Hernando Contreras, 'Paco el Pocero', compró el 44% de las tierras destinadas al PAU 'El Quiñón' (13.508 viviendas) 14 días antes de su recalificación. Se investigan presuntos delitos de trato de favor, contra la hacienda pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude en los que podrían estar implicados también miembros del PSOE y funcionarios municipales y de la Junta, que podrían haberse repartido unos beneficios de 800 millones de euros. Comparecencia de 'El Pocero' ante los medios Toledo IU ha denunciado presuntas irregularidades en la venta, por parte del Ayuntamiento que rige José Manuel Molina (PP), de tres parcelas dos días antes de que el proyecto urbanístico fuera paralizado. Hellín (Albacete) El plan de construcción de 'Las Higuericas', 680 chalés de lujo con sus respectivas piscinas, en una de las zonas españolas con mayores problemas de agua ha sacado a la luz una presunta trama de sobornos y maletines en este municipio que gobierna el PSOE. Además, los ecologistas denuncian que el terreno es una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Cuenca En esta provincia se concentra casi el 20% de las 4.636 construcciones ilegales denunciadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. EL MAPA DE LA CORRUPCIÓN Castilla y León 

ELMUNDO.ES Las Navas del Marqués (Ávila) El proyecto para el complejo 'Ciudad de Golf' (1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en 210 hectáreas) en una zona protegida ha puesto en el punto de mira al Ayuntamiento (PP) y a la propia Junta (PP). El TSJ anuló las normas subsidiarias que calificaban estos terrenos como «suelo urbanizable delimitado» y los trabajos han sido paralizados cautelarmente por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente. Villanueva de Gómez (Ávila) Se ha aprobado el proyecto para levantar 7.500 viviendas y tres campos de golf en una zona de pinares especialmente protegida, aunque la Confederación Hidrográfica del Duero no garantiza el abastecimiento de agua. Guisando (Ávila) El alcalde, José Luis Blázquez Jara (PP), ha sido denunciado por un proyecto urbanístico en el Parque Nacional de Gredos. Cebreros (Ávila) Presuntas irregularidades en la recalificación de unos terrenos adjudicados al promotor Enrique Ventero— relacionado con la 'operación Malaya'— para la construcción de alrededor de 3.000 viviendas y un campo de golf. Piedralaves (Ávila) En este enclave que ya ha sufrido problemas de abastecimiento de agua, se proyecta la construcción del mayor complejo de turismo rural de Europa, campo del golf incluido. Candeleda (Ávila) La Junta (PP) ha retirado a este Ayuntamiento (PSOE) las competencias de urbanismo en el caso de una promoción de cien chalés en el Plan Parcial de la Zona Norte del Camino de La Raya, aprobado por el anterior gobierno municipal del PP. El actual alcalde, Miguel Hernández, niega el retraso, aunque reconoce no estar de acuerdo con este proyecto urbanístico en la Sierra de Gredos por su gran impacto visual, paisajístico y medioambiental. Salamanca En el punto de mira está la operación de recalificación de suelo que pertenece al secretario general del PP en Castilla y León y consejero de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Arroyo de la Encomienda (Valladolid) El alcalde, José Manuel Méndez Freijo (PP), y el concejal de Urbanismo son investigados por irregularidades y trato de favor a determinadas constructoras y promotoras en la recalificación de 335.000 metros cuadrados para construir más de 3.000 viviendas. La representante de una de las constructoras, María Iluminada Miguel, es hija de un concejal del PP de Valladolid y diputado provincial. Además, el concejal de Obras ha sido sancionado por la Junta al descubrirse que dos de sus cinco viviendas son de protección oficial. EL MAPA DE LA ESPECULACIÓN Cataluña ELMUNDO.ES Tarragona En los tribunales está el 'caso Terres Cavades': el ex concejal de Urbanismo, Ángel Fernández (CiU), su hermano, el constructor Juan Fernández, y el promotor José Luis García intentaron forzar a los propietarios de los terrenos para que vendieran a precios irrisorios poco antes de que fuera oficial el proyecto de urbanización y construcción de 4.872 nuevas viviendas. María Cinta Itarte, esposa del senador de CiU Lluis Badia, figura entre los imputados. Salou (Tarragona) Se investiga la recalificación y compraventa de una finca en Emprius por parte de Esteve Ferran Gombau, concejal de Urbanismo e hijo del alcalde (independiente), que ganó medio millón de euros en la operación. Además, los vecinos de Barranc de Barenys han denunciado que la familia Ferran tiene intereses económicos y personales en distintas inmobiliarias de la zona, donde hay un proyecto urbanístico para 10.000 nuevas plazas hoteleras. Cervera (Lleida) Joan Roca, secretario del Ayuntamiento (CiU), es investigado por presuntas irregularidades en la recalificación de terrenos pertenecientes a cinco inmobiliarias administradas por familiares suyos. Els Alamús (Lleida) El alcalde, Josep Maria Beà (PSOE), es investigado por la concesión de dos licencias presuntamente ilegales para la segregación de parcelas en el municipio. Barcelona Caso 'Tres per cent'. Se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras de reforma por la empresa pública de vivienda, Adigsa, en la última etapa del Gobierno de CiU. El ex presidente de Adigsa, Ferran Falcó, y el ex consejero delegado Josep Anton Fontdevilla, ambos de CDC, están imputados junto a otros tres constructores e intermediarios. EL MAPA DE LA ESPECULACIÓN Extremadura ELMUNDO.ES Badajoz Se investigan presuntas irregularidades urbanísticas en el 'caso Golf Guadiana', al construirse en el campo de golf 70 viviendas, cuando la licencia del Plan Especial se había otorgado para un apartahotel. Según IU, las irregularidades afectan a unas 130 hectáreas y pueden haber supuesto un beneficio de 18 millones de euros para la constructora Jardines del Guadiana. La misma empresa está relacionada en el 'caso Canal de Badajoz': la Fiscalía investiga el permiso para construir viviendas en una zona que resultó ser de propiedad municipal, aunque la concejala de Urbanismo, Cristina Herrera (PP), lo negó durante mucho tiempo. Herrera adquirió un piso en dichos terrenos unos 12.000 euros más barato que el resto de los compradores en el mismo edificio. Casar de Palomero (Cáceres) La Asociación Abusos Urbanísticos No en Extremadura (AUNEXT) pretende defender los derechos de vecinos indefensos ante el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que consideran «confiscador» e «invasivo». También denuncian que el padre del actual alcalde, Eduardo Béjar (PSOE), compró terrenos que han sido recalificados con este Plan. EL MAPA DE LA ESPECULACIÓN Galicia ELMUNDO.ES Nigrán (Pontevedra) Se investigan irregularidades en la recalificación de una docena de fincas de dos directivos del Celta. El 14 de noviembre de 2006, la Fiscalía presentó una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez Millares (PP), y cinco ediles más por un presunto delito de tráfico de influencias. Tui (Pontevedra) El primer edil, Antonio Feliciano Fernández Rocha (PP), fue condenado en 2004 a ocho años de inhabilitación por prevaricación urbanística, aunque fue absuelto en 2006 por el TS. Meses más tarde volvió a ser condenado a siete años de inhabilitación por la concesión de una licencia de ampliación en una zona Bien de Interés Cultural (BIC) —delito por el que también fue absuelto—. El Juzgado de lo penal Número Dos de Pontevedra también le absolvió por el caso 'Casino Vello'. A Estrada (Pontevedra) La Fiscalía pide 16 años de inhabilitación y una multa para el alcalde Ramón Campos y 10 ediles del PP por presunta prevaricación urbanística en los años 90, en relación con unas obras ilegales denunciadas por el BNG. Además, la asociación de vecinos Aedru consiguió parar en 2005 el Plan General de Ordenación Urbana denunciando numerosas irregularidades. Gondomar (Pontevedra) El alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), es sospechoso de prevaricación urbanística por presuntas irregularidades en la concesión de 300 licencias y permisos de obra. Alejandro Gómez Garrido (concejal de Urbanismo), José Luis Mosquera (su pareja sentimental) y el arquitecto municipal José Antonio Álvarez Álvarez fueron detenidos por cobrar comisiones a cambio de regularizar y agilizar licencias urbanísticas. Cabanas (La Coruña) La alcaldesa, Modesata Anca (PSOE), ha sido condenada a ocho años de inhabilitación y a pagar una multa de 5.400 euros por la construcción ilegal de 13 chalés en una zona costera. El aparejador municipal, José Juan Rivera, relacionado con una de las constructoras, también ha sido inhabilitado. Pontedeume (La Coruña) El alcalde, Belarmino Freire (PSDEG-PSOE), y el arquitecto municipal están imputados por la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación, por conceder una licencia de obras para construir una vivienda unifamiliar en una zona costera protegida. Oleiros (La Coruña) El alcalde, Ángel García Seoane (independiente), ha sido denunciado por la Fiscalía por la compra de terrenos que después fueron recalificados por el plan municipal. García Seoane es propietario de tres casas y 13 fincas de más de 25.000 metros cuadrados. Porto do Son (La Coruña) El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Váquez García (PSOE), es investigado por la compra de cuatro fincas rústicas en Montoño que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) contempla como urbanizables. Lugo Varios funcionarios públicos de la Diputación (PP) pueden estar implicados en un presunto fraude en la adjudicación de obras a favor de la empresa Senén Prieto Ingeniería, en la que figuran sus esposas. 

 EL MAPA DE LA CORRUPCIÓN Madrid ELMUNDO.ES Ciempozuelos Presuntas irregularidades en la recalificación del Cerro de los Sotos podrían haber supuesto una comisión de 40 millones de euros a los dos últimos alcaldes de Ciempozuelos, los socialistas Pedro Antonio Torrejón (que dimitió en octubre de 2006 al conocerse el caso) y Joaquín Tejeiro (1991-1995), para que la empresa Esprode pudiera construir 5.200 nuevas viviendas. Ambos ediles tenían una cuenta con un millón de euros en un banco de Andorra. También se ha relacionado con este caso al promotor inmobiliario Fidel San Román, implicado en la 'operación Malaya' en Marbella. El plan general del municipio ha sido paralizado. Tres Cantos Conversaciones grabadas del ex concejal Antonio Reino (PP) han levantado sospechas sobre la adjudicación del Plan de Urbanismo de este municipio, con presuntas extorsiones y exigencias económicas de Reino para apoyar la aprobación del Plan. Además, familiares de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ganaron ocho millones de euros con la compraventa, en menos de tres años, de 23 fincas rústicas que se convirtieron en urbanizables una vez aprobado el Plan General del municipio. Por otra parte, la alcaldesa, María de la Poza (TCU) y dos concejales están imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio en el caso 'Mistral 2000'. Villanueva de la Cañada José Gil de Biedma, tío de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, es sospechoso de haber conseguido beneficios millonarios (2,1 millones de euros) en una compraventa de terrenos cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 el Director General de Urbanismo, Enrique Porto —que dimitió a principios de octubre de 2006—. Además, la asociación de vecinos Iniciativa Ciudadana Villanueva de la Cañada Sostenible (ICVCS) ha pedido la suspensión de los planes urbanísticos en marcha, que prevén la construcción de 8.190 viviendas nuevas, con lo que aumentaría de 15.000 a 50.000 el número de habitantes de esta población. Aldea del Fresno El alcalde, José Luis Tello (PSOE), compró en marzo de 2006 unos terrenos rústicos por 180.304 euros y, tras dotarlos de canalización para agua y electricidad, los vendió a una inmobiliaria por 1,5 millones de euros. En sólo tres meses, Tello logró una plusvalía de 1,3 millones de euros. Un juez ha retirado las competencias urbanísticas al edil por la concesión de licencias de obras a pesar de existir informes desfavorables y su partido le ha suspendido de militancia. Leganés Antonio Beteta, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ha denunciado presuntas irregularidades en el concurso de adjudicación de más de 3.000 m2 de terreno para la construcción de chalés de lujo, que ha recaído en Isidoro Herrero, ex concejal socialista de urbanismo. El alcalde desde 1991, José Luis Pérez Ráez (PSOE), no se presentará a la reelección. Getafe El ex concejal y ex diputado socialista Jesús Neira es uno de los principales gestores de suelo en la zona. Se le relaciona con una futura recalificación en Perales del Río, con la que supuestamente iba a cobrar una comisión del 8% por hacer de intermediario entre el Ayuntamiento y los actuales propietarios. Además, los también ex ediles del PSOE José Luis Ribas Cabezuelo, Antonio Alonso y Francisco Hita tienen intereses comunes con Neira en distintas sociedades inmobiliarias del sur de Madrid. Morata de Tajuña El equipo de la alcaldesa, Concepción Loriente (PSOE), apoyado por el PP, ha aprobado la recalificación de 12,7 millones de metros cuadrados, entre los que hay 621.000 m2 que hoy son no urbanizables especialmente protegidos. Con este proyecto, que contempla la edificación de cerca de 30.000 nuevas viviendas, la población actual (5.900 habitantes) podría llegar a multiplicarse por 20. Las discrepancias con la dirección regional sobre este plan urbanístico han provocado la salida de Loriente y tres concejales socialistas del Gobierno municipal. Quijorna La alcaldesa, María de las Mercedes García (PP), firmó 37 convenios en 2005 para reducir el porcentaje obligatorio de vivienda social del 50% al 10%. Quijorna, que en la actualidad tiene 2.185 habitantes, triplicará la población en poco más de tres años si se cumplen los planes urbanísticos que ha puesto en marcha el PP, que con tres concejales gobierna con el apoyo de los dos del PSOE. También se investiga la venta de una parcela al empresario Fidel San Román, implicado en la 'operación Malaya'. Torrelodones La asociación de vecinos TORRENAT ha llevado a Bruselas el Plan General de este municipio, que prevé la construcción de 1.500 viviendas (además de 1.000 que ya hay en marcha), un campo de golf, un centro comercial y un parque empresarial en 'Área Homogénea Norte', una zona de suelo no urbanizable especialmente protegido. El proyecto aumentará de 19.000 a 30.000 habitantes la población. Las Rozas La asociación de vecinos El Cantizal ha denunciado el plan para la construcción de un campo de golf y 12.000 viviendas (además de 4.000 que ya hay en marcha) en esta localidad, con unas previsiones de crecimiento de 82.000 a 130.000 habitantes. Galapagar Vecinos de Galapagar han denunciado ante Bruselas que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de este municipio prevé la recalificación de suelo protegido para construir más de 10.000 viviendas y un campo de golf, lo que supondría un aumento de población de 32.000 a 70.000 habitantes, a pesar de que la Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT) no garantiza el abastecimiento de agua. Majadahonda El alcalde, Guillermo Ortega (PP), dimitió tras conocerse el déficit de 15 millones de euros que padece el Ayuntamiento y la intención del regidor de adjudicar dos parcelas municipales a un precio muy inferior al del mercado, al no contemplar el IVA (13 millones de euros). Majadahonda es la tercera localidad española más cara para la compra de vivienda (3.500 euros por metro cuadrado), después San Sebastián y Madrid. Guadarrama Los planes urbanísticos prevén la construcción de más de 40.000 viviendas en una veintena de pueblos de esta sierra. El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Nacional de Guadarrama sólo contempla la protección de 34.000 hectáreas, mientras asociaciones de vecinos y ecologistas consideran que deben ser más de 100.000. Ya en 2004, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona, pidió a la Comunidad de Madrid que frenara la expansión urbanística para proteger esta zona de gran valor ecológico. Rascafría La Plataforma Defensa Valle Rascafría-El Paular intenta parar la construcción de más de un millar de segundas residencias junto al Parque Regional del Guadarrama, en terrenos que albergan ZEPAS (zonas de espacial protección de aves) y LIC (lugares de importancia comunitaria). Moralzarzal Las asociaciones Pueblo Verde y Gente de Moralzarzal han denunciado ante Bruselas el Plan General de Ordenación Urbana, que prevé edificar 1.500 viviendas en la zona protegida de los Praderones, que pertenecen al futuro Parque Nacional de Guadarrama, y un campo de golf en la Dehesa Vieja, un monte de gran valor ecológico y de utilidad pública. Miraflores de la Sierra Una constructora se ha querellado contra el alcalde, Francisco José Esteban (PSOE), por presunta prevaricación, malversación, falsedad documental y estafa en una operación urbanística. Además, La plataforma vecinal SOS Miraflores ha denunciado el proyecto de construcción de 98 nuevas viviendas en la zona de El Tomillar, muy cerca de un barranco, así como presuntas irregularidades del Ayuntamiento en los proyectos urbanísticos de Prado de la Virgen, Las Vitaminas y Peñalá. El Molar Enrique Porto utilizó presuntamente su cargo como director general de Urbanismo para agilizar el plan de construcción de 4.500 viviendas en la zona SAU-21, redactado por sus ex socios de la empresa de arquitectos y urbanismo Plarquin, donde Porto había trabajado antes de ocupar su puesto en la Comunidad de Madrid. Brunete Con la construcción de cerca de 20.000 nuevas viviendas y tres campos de golf, la población de Brunete podría pasar de 9.000 habitantes a más de 70.000. IU ha acusado al concejal de Urbanismo de esta localidad, Juan Tomé (PP), de presuntos tratos de favor. También el PSOE ha denunciado que el ex director general de urbanismo, Enrique Porto, tenía intereses personales en el desarrollo del plan de ordenación de esta localidad a través de su ex empresa, Plarquin. Brunete es una zona clave en el mapa del futuro desdoblamiento de la M-501, la carretera de los pantanos, un proyecto relacionado con el desarrollo de grandes proyectos urbanísticos en la zona, según denuncian los ecologistas. Torres de la Alameda El ex alcalde Francisco Acedo (PP) mantiene abierta una causa con la Justicia que se remonta a abril de 2002, cuando un grupo de promotores denunció que se les había exigido una comisión de más de tres millones y medio de euros a cambio de la recalificación de unos terrenos donde se construiría una urbanización de chalés y un campo de golf. Tras los comicios de mayo de 2003, Valentín Márquez Romero (PSOE) sucedió a Acedo, pero dimitió a los seis meses. El actual alcalde, Carlos Sáez (PSOE), aglutina ahora todas las críticas por el Plan de Urbanismo que proyecta 9.000 nuevas viviendas en una localidad que ahora tiene 6.000 habitantes. Parla El alcalde, Tomás Gómez (PSOE), está denunciado por cobrar a las gestoras de las cooperativas que querían optar a la adjudicación de suelo. Según IU, el PSOE de esta localidad ha financiado actos con dinero de estas cooperativas. Alcorcón Los empresarios Francisco Vázquez y Francisco Bravo, el ex alcalde Pablo Zúñiga y el ex concejal de Hacienda y Urbanismo, Fernando Díaz, están imputados por la Fiscalía en una presunta trama urbanística. San Sebastián de los Reyes El PP de San Sebastián de los Reyes ha denunciado que durante años el secretario de Organización del PSOE, Saturnino Ureña, gestionó de forma externa al Ayuntamiento las vallas publicitarias de la localidad. Éstas no tienen licencia urbanística, por lo que son ilegales, aseguran los populares. Ureña fue concejal de Hacienda de Ciempozuelos en la época de Joaquín Tejeiro, en la cárcel en la actualidad por cohecho y prevaricación. Durante su gestión en Sanse, la empresa más favorecida fue una en la que trabaja un ex concejal socialista del municipio. EL MAPA DE LA ESPECULACIÓN Murcia ELMUNDO.ES Murcia El consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana (PP), benefició presuntamente a un promotor amigo, que compró un terreno protegido y obtuvo beneficios millonarios con su recalificación. En Murcia se han construido en los últimos años 120.000 viviendas y 14 campos de golf. Se investigan presuntas irregularidades ante las continuas denuncias de colectivos ecologistas, así como la construcción del parking subterráneo de San Esteban, que se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas constituida 15 días después de la convocatoria del concurso y que es propiedad de un alto cargo del PP de Orihuela. También se investiga si Joaquín Peñalver, jefe de planeamiento de la Gerencia de Urbanismo —ahora en excedencia—, pudo haber beneficiado al despacho de arquitectos de su padre, socio de Pedro García Meroño, presidente de Polaris World. Águilas El concejal de Medio Ambiente y Obras Públicas, José López (PP), ganó más de un millón de euros comprando y vendiendo unos terrenos en la zona protegida de La Zerrichera. El comprador, el promotor Trinitario Casanova, ganó 75 millones de euros al revenderlos dos años después, una vez recalificado el suelo para la construcción de más de 4.000 viviendas, un campo de golf, zona comercial y hotel. La Fiscalía de Murcia investiga el tema. Cartagena La construcción de un campo de golf y 5.000 viviendas en el humedal de Lo Poyo, a orillas del Mar Menor, ha movilizado a vecinos y ecologistas. Cartagena es la conexión murciana con la trama marbellí: se investigan presuntas irregularidades en la compra de estos terrenos por parte del empresario vasco Javier Arteche (detenido en la 'operación Malaya') y una supuestas comisiones de dos millones de euros pagadas por Roca (el cerebro de la corrupción en la Costa del sol). El expediente urbanístico ha sido paralizado. Los Alcázares El alcalde, Juan Escudero (PSOE), dimitió en septiembre de 2006 tras conocerse las inversiones de dinero negro de Juan Antonio Roca (principal imputado en la 'operación Malaya' marbellí) en este municipio. La Fiscalía investiga un convenio urbanístico de 2001 por el que una de las empresas intervenidas en la 'operación Malaya' pagó 630.000 euros para financiar el nuevo Ayuntamiento a cambio de la recalificación de 1.750 metros cuadrados en el centro del pueblo, donde Roca levantó un hotel con 300 plazas de parking. También se investiga la relación de Inmaculada Camacho Escudero, familiar del ex alcalde y cuñada del arquitecto municipal, Mariano Ayuso, con la trama de Roca. Lorca Nueve convenios urbanísticos para la construcción de 35.000 casas provocaron la dimisión, en julio de 2006, del alcalde, Miguel Navarro (PSOE), enfrentado con la dirección regional de su partido por este desarrollo urbanístico desmesurado. San Javier Se investiga por un presunto trato de favor en adjudicaciones públicas al alcalde, José Hernández Sánchez (PP), socio de Santiago Martínez Esparta y Juan Gracia Jiménez —dos de los principales promotores en la zona del Mar Menor— en la empresa Nueva Valencia al Mar, S.L. Además, el proyecto Puerto Mayor (un puerto deportivo con 1.000 puntos de amarre en La Manga del Mar Menor, más de 800 viviendas, un hotel, palacio de exposiciones y un campo de golf de 500.000 metros cuadrados ganados al mar) está paralizado. Antonio Sánchez Carrillo, alto cargo del PP de Murcia, figuraba como consejero en la promotora. Antonio Alvarado (director general del Medio Natural) y Marcos Ortuño (director general de Transportes y Puertos) también están imputados. Archena IU dice que Archena es «otra Marbella», y ha denunciado ante la Fiscalía presuntas irregularidades del alcald, Manuel Marcos Sánchez (PP), en la gestión urbanística y venta de terrenos como los de Logamar, Pago Barranco y Pedáneo, entre otros. Cieza El alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros. En este municipio, Greenpeace denuncia la recalificación de 20 millones de metros cuadrados para su urbanización. Mazarrón El primer edil, Francisco Blaya, (PP) es investigado por una presunta malversación de 60.000 euros de dinero público a favor de su actual socio de Gobierno y ex alcalde, Domingo Valera, del Partido Independiente (PIxM), formación acusada desde distintos sectores de esconder intereses de promotores e inmobiliarios. Lorquí El PP ha denunciado ante la Fiscalía a la alcaldesa, Resurreción García (PSOE), por beneficiar al edil de Urbanismo, Evaristo Hernández, en la urbanización de unos terrenos junto a la iglesia, donde el concejal posee varias parcelas, al no reservar el 10% estipulado del suelo a vivienda de protección oficial. La Unión Este Ayuntamiento (PSOE) ha sido denunciado por IU por presunto trato de favor y prevaricación en la firma de un convenio urbanístico con la constructora Peinsa para restaurar la casa del Piñón (considerado un Bien de Interés Cultural) a cambio de la recalificación de 450.000 metros cuadrados de suelo rústico. Villanueva del Río Segura El primer edil, José Luis López (PP), el arquitecto municipal y tres concejales del equipo de Gobierno han sido denunciados por Ecologistas en Acción por la concesión de una licencia para construir la urbanización 'Spa Valley' en el paraje de La Morra. Según los ecologistas, la zona es dominio público hidráulico del río Segura. EL MAPA DE LA ESPECULACIÓN Navarra ELMUNDO.ES Egüés José Ignacio Galipienzo, alcalde (UPN) entre 1999 y 2003, y otras nueve personas están procesadas por presunta prevaricación y cohecho al permitir la construcción de un apartahotel en una zona residencial de Gorraiz en un terreno que debía ser destinado a un colegio. Galipienzo es sospechoso de haber cobrado a través de una de sus empresas más de 138.000 euros. 

 EL MAPA DE LA ESPECULACIÓN País Vasco ELMUNDO.ES Vizcaya GüeñesEB pide la dimisión del alcalde, Koldo Artaraz Martín (PNV), por permitir que la multinacional Reckitt Benckiser diera un 'pelotazo' de más de seis millones de euros para financiar los despidos de sus 194 trabajadores. La compañía británica presentó en octubre de 2006 el expediente de regulación de empleo (ERE) de su fábrica en este municipio un mes después de que el Ayuntamiento recalificara sus terrenos para construir viviendas 

 EL MAPA DE LA ESPECULACIÓN La Rioja ELMUNDO.ES Lardero El alcalde, Pedro Vallejo (PP), es accionista de la constructora y promotora de un bloque de 43 viviendas y otro de 30 que el TSJ de La Rioja ha ordenado derribar. Según el PSOE, en los últimos años, se han realizado hasta 110 modificaciones urbanísticas para aumentar la superficie edificable y disparar las plusvalías, que han beneficiado a Vallejo y a promotores y constructores relacionados con él. El nuevo Plan —en tramitación— aumentará en 5,17 millones de metros cuadrados la superficie urbanizable. Santurde El primer edil, Jesús Montoya (PP), ha sido denunciado por el PSOE por un delito contra la administración pública, por un presunto 'pelotazo' urbanístico de siete millones de euros. El Ayuntamiento aprobó en 2004 la recalificación de unos terrenos que pertenecen a una sociedad de la que él era co-administrador solidario. Briñas El TSJ de La Rioja ha determinado que el Gobierno regional se haga cargo de las competencias urbanísticas de este municipio, gobernado por Roberto Salinas (PSOE). En el año 2000, un particular denunció al Ayuntamiento por conceder una licencia que vulneraba la normativa urbanística, para construir una bodega. Comunidad Valenciana ELMUNDO.ES Alicante El alcalde, Luis Díaz Alperi (PP), la concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, y el concejal de Tráfico, Luis Concepción, son investigados por la fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación y malversación en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al empresario Enrique Ortiz. Se estima que la operación ha podido causar al Consistorio un perjuicio económico de casi 2.300.000 euros. Orihuela (Alicante) José Manuel Medina (PP), está imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio. El primer edil ha recibido 'favores' (entre ellos, el disfrute de coches de lujo y de un chalé junto a la playa) del promotor Joaquín Grau Pomares, que supuestamente se benefició de la recalificación de suelo no urbanizable para la construcción de 5.400 viviendas. El municipio cuenta con más de 8.000 casas ilegales (30.000 en las dos últimas décadas) y 600 expedientes sancionadores. Medina no optará en 2007 a la reelección. Ademas, los tribunales investigan otras 15 causas de supuestas irregularidades urbanísticas y contables en el Ayuntamiento, que implican a cuatro ediles del PP, varios empresarios y tres asesores municipales. Torrevieja (Alicante) El regidor, Pedro Ángel Hernández Mateo (PP), se enfrenta a una acusación de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por comprar en Almoradí unos terrenos rústicos que revendió con una supuesta plusvalía de 5,2 millones de euros. Catral (Alicante) La juez ha imputado al alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez Leal (PSOE), y cuatro promotores por un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. En octubre de 2006, la Generalitat valenciana retiró las competencias urbanísticas al Ayuntamiento por la proliferación exagerada de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y protegido. Hay más de 1.250 casas ilegales, muchas de ellas en pleno Parque Natural de El Hondo. La Asociación de Consumidores y Usuarios de Urbanismo denunció que familiares del alcalde aparecen como promotores de viviendas ilegales en suelo no urbanizable. Elche (Alicante) El alcalde, Diego Macià (PSPV-PSOE) , ha sido denunciado por presunto tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. La empresa Urbielx SL., integrada por ocho familiares de la mujer del primer edil, obtuvo plusvalías millonarias con la compraventa de terrrenos justo enfrente del solar donde se va a construir un importante centro comercial. Albatera (Alicante) El promotor José Rodríguez Murcia fue procesado en 2005 por la construcción de 20 chalés y un campo de golf sin licencia. El alcalde, Francisco García Gelardo (PSOE), siempre ha negado cualquier connivencia con el promotor, aunque Rodríguez asegura que existía un convenio urbanístico con el Ayuntamiento. Elda (Alicante) Polémica ha sido la adjudicación del ayuntamiento gobernado por Juan Pascual Azorín Soriano (ex presidente del PSOE valenciano) para la construcción de un campo de golf y 7.500 viviendas en el paraje Las Cañadas. Según Esquerra Unida, tras el proyecto hay un presunto pelotazo de 20 millones de euros. El promotor, Francisco Gómez, es el mismo que proyecta la 'Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués. Dolores (Alicante) También el alcalde de esta localidad, Gabriel Gascón Abadía (PP), está bajo sospecha. Se investiga la inscripción de unas viviendas a nombre de su madre por parte de una promotora. San Miguel de Salinas (Alicante) La Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción más de 200 viviendas ilegales en 11 urbanizaciones. Un campo de golf en la Dehesa de Campoamor y la urbanización Lago Azul (ambos en suelo no urbanizable) y una mansión en un monte protegido de Cabezo Mortero son algunos de los casos más destacados. Pego (Alicante) El ex alcalde de Pego, Carlos Pascual Sastre ha sido condenado a tres años de prisión por delito ecológico —a los que hay que sumarle tres más por atentado al director del parque—. El Supremo ratificó la pena impuesta a él y al ex teniente de alcalde José Orihuel por los daños ocasionados al marjal de Pego-Oliva, declarado parque natural protegido en 1994. Castellón El Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (GECEN) denuncia que hay cerca de 3.000 viviendas ilegales en La Marjalería y otras 300 en el camino de El Serradal. No son los únicos casos, pero sí los más significativos. Oropesa (Castellón) Se han levantado dos bloques ilegales de 600 apartamentos sobre un terreno dotacional privado que debía dedicarse exclusivamente a un camping, a pesar de que la Consejería de Territorio denegó la licencia. El Ayuntamiento tramita los expedientes para la construcción de otras 300 viviendas en un tercer bloque. Cullera (Valencia) La Delegación del Gobierno en Valencia ha llevado a los tribunales el megaproyecto para urbanizar más de 600.000 metros cuadrados. El denominado 'Manhattan de Cullera' (33 torres de 25 alturas, otras dos torres de 40 y un puerto deportivo) ha sido aprobado por el Ayuntamiento que preside Ernesto San Juan (PP), a pesar de los informes en contra del Ministerio de Fomento y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no garantiza el abastecimiento de agua. Ribarroja (Valencia) Según una querella de los socialistas valencianos (PSPV), el alcalde, Francisco Tarazona (PP), y varios de sus familiares (incluidos dos sobrinos que son concejales) han utilizado el urbanismo municipal para su lucro personal. Los casos más polémicos son la construcción de casi 3.000 viviendas en suelo agrícola y el de PAI de Porxinos, donde estaba previsto que construir la futura ciudad deportiva del Valencia CF —el Tribunal Superior de la Comunidad ha ordenado su paralización cautelar por carecer del informe sobre el abastecimiento de agua—. Zarra (Valencia) El alcalde, Juan José Rubio (PSOE), y tres concejales de su partido han sido denunciados por presunta prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude y estafa en la compraventa de inmuebles realizadas por la Sociedad Municipal de Servicios Zarra, S.L. y por la Mercantil Telyzan, S.L. El partido ha decidido la suspensión cautelar de militancia del alcalde y los tres concejales mientras se resuelve el caso. Otros En Sueca (PSOE), la construcción de 25 adosados en pleno Parque Natural de La Albufera ha llegado a los tribunales (Salvador Marín, secretario general del PSPV, fue condenado en abril de 2005 a seis meses de prisión y a una multa de 4.320 euros por construir sin licencia dentro del Parque). El edil de Castalla desde 1991, Juan Rico Rico (PP), ha reconocido la construcción de más de 1.000 viviendas no autorizadas. En Onteniente (PSOE) hay 5.000 chalés ilegales. En El Puig (PSOE), se paralizó un proyecto que multiplicaba por seis la población. Y en Estivella, el alcalde, Robert Renal (PSOE), sigue intentando sacar adelante un proyecto que incluye un campo de golf que, según los ecologistas, amenaza la Sierra Calderota. En Canet d'En Berenguer y en Salinas, la dirección de IU ha abierto expedientes a sus alcaldes por no seguir las recomendaciones urbanísticas expresadas por los órganos de gobierno de la coalición IU-Los Verdes. Los planes urbanísticos de Moncófar, Nules, Burriana y La Llosa han sido paralizados por la Justicia. Los vecinos de Albufereta denuncian el crecimiento de viviendas ilegales en la localidad. Un chalet en la azotea de los garajes Vistamar —con dos sentencias firmes de demolición y dos recursos anulados— es el primero de otros muchos casos. Actualmente, se han construido 12 viviendas ilegales más en los bajos de esos mismos garajes.